Tras el rechazo de la Tercera Sala de la Corte Suprema a los recursos de aclaración a su fallo por tabla de factores de las isapres interpuestos por cuatro aseguradoras y el regulador, la Comisión de Salud del Senado volvió a retomar en pleno ayer martes la discusión del proyecto de ley corta que envió el Ejecutivo el mes pasado. Y en esta reactivación de la iniciativa que busca cumplir el doble desafío de implementar la devolución de los montos cobrados en exceso a los afiliados y dar viabilidad financiera a la industria, esta vez fue el turno de los análisis financieros.

El punto de partida lo dio el Superintendente de Salud, Víctor Torres, quien detalló los criterios que sirvieron de base para sus cálculos que establecieron un universo de aplicación en torno a 720 mil contratos -cuyas tablas de factores establecían cobros por sobre el parámetro vigente desde abril de 2020-, concepto por el cual estimó un monto global de devoluciones a los afiliados en torno a US$ 1.450 millones.

“Solo por los montos informados por la Superintendencia en cuanto a un menor ingreso mensual de un 8,3%, la primera isapre caería en insolvencia en dos meses”, señaló Manuel Inostroza.

La autoridad precisó que la base considerada se refiere a contratos cuyas tablas de factores sean distintas a la establecida en la Circular 343 y administrados antes de noviembre de 2023 –fecha del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema- e incluye tanto planes individuales como grupales.“Estamos en el mayor ánimo de transparentar las fórmulas. No hay ninguna acción arbitraria, sino que entendemos que es el mejor reflejo de lo que la Corte ha instruido en sus distintos fallos y hay un sustento jurídico a partir del cual nuestros equipos técnicos han hecho los datos respectivos”, dijo Torres, quien informó que dispuso la publicación de la memoria de cálculo en la página web de la Superintendencia de Salud.

Argumentos de los expertos

Sin embargo, en el debate posterior los expertos convocados refutaron que los mecanismos para hacer cumplir el fallo estén circunscritos al modelo formulado por el regulador. Este fue el caso del exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza -junto al exsuperintendente de isapres, Héctor Sánchez, ambos del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello-, quien afirmó: “La actual interpretación de la Superintendencia y su metodología de cálculo, solo considera uno de los seis escenarios propuestos para el stock y uno de los tres escenarios del flujo, sin considerar, además, 10 criterios propuestos por nuestro informe”.

Asimismo, Inostroza profundizó ayer su análisis respecto de una aplicación del fallo bajo el esquema propuesto por el Ejecutivo en la elaboración de la ley corta, abordando los impactos para la industria solo por efecto de la reducción a futuro del precio final de los planes por la aplicación general de una única tabla de factores. “Dados los actuales indicadores financieros de las isapres, de aprobarse el proyecto hoy, solo por los montos informados por la Superintendencia de Salud en cuanto a un menor ingreso en el prospectivo mensual de un 8,3% promedio, la primera isapre caería en insolvencia en dos meses desde su aplicación”, sostuvo el experto.

Y en una perspectiva global de las implicancias del marco establecido por Ejecutivo, Inostroza explicó sobre la base de un ejercicio de medirlas en términos de un impacto en los valores de los planes para los afiliados, arroja que “al sumar los recursos de la devolución retrospectiva (aplicada a los contratos anteriores a la tabla de factores vigente desde abril de 2020) más los menores ingresos prospectivos anualizados esto implicaría -sin considerar otras variables-, un incremento en los precios de los planes de salud real anual de 13,4% en 10 años y de 11,9% en 20 años, es decir, cuatro veces el promedio entre 2006-2023”.

Sobre la base de este y otros argumentos, aseveró que “de mantenerse esta interpretación, serían inviables los planes de salud de los afiliados” del sistema asegurador privado.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides, considera que los fallos de la Corte Suprema “dejan un amplio espacio a los colegisladores para una interpretación sistémica de las sentencias con una mirada de política pública”. Entre los puntos abordados en su análisis, se refirió al cálculo de las devoluciones, indicando que “la interpretación del efecto retroactivo de los fallos debe hacerse con una lógica sistémica, permitiendo que opere el marco de subsidios cruzados entre los beneficiarios”, criterio que, a su juicio, “llevaría a establecer montos muy diferentes a los que se están manejando“.

Isapres: "hay múltiples formas de poner en práctica el fallo"

“Los criterios para determinar los cobros en exceso debiesen estar en la ley corta y los detalles de cálculo ser resueltos a partir de una propuesta de un consejo técnico”, añadió la experta.

Consultado por el tenor del debate, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, indicó que “tal como hemos escuchado, los expertos presentes han indicado que hay múltiples formas de aplicar y poner en práctica el fallo. Al mismo tiempo ellos expertos, además de todos los que han estado anteriormente, han indicado que los montos que ha informado el superintendente no son factibles de poner en práctica".

En relación al desarrollo que esperan del trabajo de elaboración de la ley corta, el directivo espera que "se siga desarrollando una metodología que finalmente deje satisfechas a todas las partes involucradas, que incluya evidentemente el cumplimiento del fallo pero que permita que las coberturas sigan operando”.

Ante los diagnósticos de los niveles de riesgo financiero en el cual se encuentra el sistema asegurador privado de salud y la eventualidad de un colapso en un breve plazo, Simon subrayó que “no esperamos llegar a eso, es de lo que se trata, y eso va a depender de los resultados que se obtengan después del trabajo que se realiza en esta comisión, donde vemos que se está dando una discusión interesante y escuchamos a la ministra indicar que había flexibilidades para hacer las modificaciones que fueran necesarias, lo cual nos parece un muy buen planteamiento en cuanto a ir desarrollando un camino adecuado para poner en práctica el fallo”.

Ministra Ximena Aguilera:
“Estamos dispuestos a acoger propuestas”

“En esta tramitación de la ley corta, la semana pasada estuvimos en compás de espera por los resultados de la aclaración de la Corte Suprema, que ha establecido que no había nada que aclarar y, por lo tanto, refrenda el enfoque que tomamos como Ejecutivo”, señaló ayer la ministra Ximena Aguilera en relación a la fase actual de discusión de la iniciativa en la Comisión de Salud del Senado. No obstante, enfatizó que “mantenemos el enfoque de discutir esta propuesta con celeridad, entendemos que todos los proyectos son perfectibles en el Congreso y estamos dispuestos a acoger propuestas, siempre que permitan un cumplimiento de la sentencia, una gradualidad compatible con la garantía de los derechos de los afiliados y también con la estabilidad de los prestadores privados para garantizar al acceso”.